Tendrán pensión campesinos mayores de 65 años
Martes, 26 de Septiembre de 2006
El Universal / Julián Sánchez. Los ejidatarios mayores de 65 años de edad (que representan 31 por ciento de los casi 25 millones de trabajadores del medio rural) podrán tener acceso a una pensión vitalicia de mil 480 pesos mensuales y acceder al seguro popular, además de 50 mil pesos de subsidio, a través del nuevo Fondo de Ahorros para Campesinos Mayores.
Al iniciarse este programa, el titular de la Secretaria de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar, Maribel Méndez de Lara, directora del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) y Javier Beristáin Iturbide, director general de Afore XXI, explicaron que con ello se garantizará una pensión digna a quienes desean vender o rentar su tierra ejidal.
De acuerdo con el citado fondo, podrán ingresar los campesinos mayores de 65 años de edad que deseen ahorrar e invertir para tener un ingreso mensual.
Es decir, deberán aportar 165 mil pesos de la venta o renta de su tierra ejidal y con ello podrán obtener la citada pensión vitalicia que representa un salario mínimo mensual, con garantía de 15 años para un beneficiario.
Además, un subsidio de 50 mil pesos, la aportación de 20 mil pesos para un fondo de contingencia que asegure la pensión y la incorporación gratuita al Seguro Popular en la zona en que este sistema tiene cobertura.
Los 165 mil pesos y el subsidio de 50 mil pesos permitirán al campesino mayor de 65 años de edad abrir una cuenta individual en Afore XXI, lo cual le garantizará el referido ingreso mensual de mil 480 pesos.
Cabe señalar que en el medio rural viven actualmente 24.7 millones de personas. De estas, 12 millones tienen menos de 20 años de edad.
También 63 por ciento rebasa los 50 años de edad y 31 por ciento los 65 años.
La Presidencia de la República retomó la información en su sección de Las buenas noticias también son noticia, congratulándose de la medida, como si realmente fuera una buena noticia para el país, para los campesinos pobres o para sus familiares.
En efecto, basta ir analizando la nota línea por línea para darnos cuenta de la gran trampa que encierra. En primer lugar, el ejidatario tendrá que vender o rentar su parcela para obtener los 165 mil pesos que se requieren para entrar a dicho sistema. Y mientras él obtiene una cantidad ínfima por su parcela, los traficantes de tierras se enriquecen construyendo hoteles, parques industriales, conjuntos residenciales campestres, parques temáticos y cuanto hay, sin que la riqueza generada se traduzca en una mejora de las condiciones de vida de los usufructuarios originales.
Estos recursos jamás pasarán por sus manos, sino que serán entregados directamente a la AFORE XXI que, a cambio de ellos, le garantizará una pensión de un salario mínimo durante quince años para un beneficiario. Como ocurre con los fondos de todos los aforados, si muere antes su familia no recibirá nada.
Desde luego, sus recursos se verán menguados por las comisiones que tiene que pagar y que, en el caso de la AFORE XXI son de las más elevadas, pues según la información de la CONSAR, promedian el 2.89%, contra el 1.53% de Inbursa, por poner un ejemplo.
En vez de reconocer la inmensa aportación de los campesinos al desarrollo nacional y reconstruir las estructuras de apoyo, mediante financiamiento oportuno, barato y suficiente, el presente gobierno ha tenido como política agraria el fortalecimiento de las agroindustrias expoliadoras de la economía y el medio ambiente, como ocurre con la LALA en Cuatro Ciénegas, Coahuila, por caso.
Finalmente, estamos ante una nueva muestra de la substitución del modelo solidario por el asistencialista o filantrópico. El otorgamiento de la pensión universal a los adultos mayores debiera ser una obligación del Estado, y una forma de redistribuir la riqueza, financiada a través de recursos fiscales, no una caridad o una limosna de la que, además, se obtienen recursos cuantiosos mediante el cobro de comisiones, la expropiación de las tierras ejidales y su creciente concentración en manos de especuladores.
Por ello, la CNJPRM debe pronunciarse contra este esquema que en nada resolverá la crítica situación de los adultos mayores campesinos.