2006/10/13

PRESENTACIÓN


El pasado mes de septiembre, en las hospitalarias instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas se llevó a cabo la Segunda Convención Nacional de Jubilados y Pensionados, cuyo objetivo principal era dar cauce a las inquietudes de múltiples grupos de jubilados y pensionados pertenecientes a muy diversas organizaciones sindicales, tanto del Apartado A como del Apartado B, así como a adultos mayores que, en lo individual, desean preservar, defender y acrecentar sus derechos y prestaciones ante el embate de los gobiernos neoliberales.

Se discutió intensamente en torno a la propuesta de constituir una organización permanente de promoción y defensa de los intereses de este grupo social, y se sometieron a la discusión una Declaración de Principios, Plan de Acción y Estatutos que fueron aprobados en principio.

Como resultado de estas actividades, el 26 de septiembre de 2006 se constituyó la Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Mexicana con representantes de 28 estados de la República, que formaron una Comisión Revisora de los documentos básicos, así como un Comité Nacional y una Comisión Nacional Autónoma de Justicia y Vigilancia que de inmediato se dieron a la tarea de organizarse.

Esta tarea se vuelve tanto más urgente cuanto que se ha redoblado el esfuerzo de los grupos financieros internacionales y de los grupos empresariales mexicanos por evadir el pago de la deuda social que adquirieron con todos nosotros.

En efecto, ahora que muchos miles de mexicanos hemos llegado a la edad de recibir algo a cambio de las décadas de trabajo que entregamos para construir este país, nos encontramos con que nuestros fondos de pensiones han sufrido un inexorable proceso de descapitalización y simple y llana rapiña por parte de quienes estaban a cargo de ellos.

Por eso una de nuestras demandas principales fue la exigencia que se realicen auditorías a todos los fondos de pensiones, públicos y privados, a fin de conocer el origen, uso --y abuso-- de nuestros recursos.

Por otra parte, hemos constatado que la privatización de los fondos de pensiones a través de las AFORES sólo ha servido para hacer a éstas inmensamente ricas, mientras los recursos que aportamos se erosionan a través del cobro de abusivas comisiones. El Estado, que antes financiaba las pensiones a través de recursos fiscales, ahora busca la manera de sacudirse esta obligación para enriquecer a los intermediarios, que ganan doblemente, pues invierten NUESTROS recursos en deuda pública, que les genera intereses que el Estado paga mediante nuestros impuestos y, además, nos cobran comisiones.

Ahora se habla de ir aún más lejos que con las reformas a la Ley del IMSS y se pretende liberar al Estado, por completo, de las obligaciones contraídas por los servidores públicos, a quienes se les quiere entregar un bono ridículo que, además, será invertido en AFORES manejadas por dirigentes sindicales de oscura reputación, como Joel Ayala y Elba Esther Gordillo.

Quien no esté organizado para resistir, sucumbirá. Por eso hemos dado los primeros pasos para construir una organización que proteja, defienda y haga extensivas nuestras conquistas a todos los mexicanos.